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Sobre la politización de la justicia y la politización de los jueces.

Sosa Wagner escribe hoy en EL MUNDO un artículo titulado Cómo despolitizar la Justicia. Aunque tengo a Wagner por un gran jurista y siempre lo leo con interés, no puedo evitar pensar que acaba cayendo en lugares comunes de la crítica a la independencia (o no independencia) del Poder judicial español.  
La cuestión de fondo, para mi, y que nos cuesta abordar a los juristas, no es tanto la politización de la justicia (en el sentido de la intromisión directa o indirecta del poder político, legislativo o ejecutivo- en la designación de los altos cargos judiciales y de los representantes de los jueces) como el la politización de los jueces. O lo que es lo mismo, se ha aceptado en España que la justicia es una forma de hacer política, pero por otro medios y los jueces son el instrumento para ello. Si bien lo primero puede fomentar lo segundo, en mi opinión la politización de los jueces es lo que llevó a la politización de la justicia.


Para que se me entienda, la politización de los jueces se manifiesta, principalmente, en los siguientes fenómenos:

- La existencia de la "asociaciones judiciales", un híbrido eutre la figura del sindicato,  la de organización política, y la asociación cultural, ne la practica son como "partidos políticos" de jueces, y acaban reproduciendo el mal endémico que tanto se critica. Si los partidos políticos han asumido en exceso la función de representación de la ciudadanía votante, las asociaciones de jueces han hecho lo mismo con respecto al colectivo judicial. Pero es aún peor, la existencia de estas asociaciones da a entender que la carrera judicial y el propio poder judicial pueden y/o debe tener ideología manifiesta (otra cosa es que cada juez individual tenga la suya propia). 

- Otro aspecto seria el que se admita que los jueces pueden saltar a la política u ocupar cargos públicos de de libre designación, para luego regresar a la carrera judicial pretendidamente sin macula de politización. 

- A lo anterior añadiría los "jueces estrella", aunque prefiero denominarlos "jueces con perfil mediático". Y es que hay nada mas nefasto para la imagen de la justicia que un juez dando una entrevista a un medio de comunicación y opinando sobre temas de actualidad política y social sobre los que o no debe pronunciarse por prudencia o porque puede tener que resolver casos relacionados. 

- Y por último, y tal vez el problema mas difícil de solucionar es la "cultura jurídica" de los españoles en relación a la que significa la función de administrar justicia, y que no deja de ser otra cosa que la aplicación razonada de la ley. Por desgracia, somos muy dados -y en esto creo que por encima de otros países de nuestro entorno- a aplaudir o denigrar a los jueces por las decisiones que toman y no por las bases legales y racionales con las que las toman. Así, una decisión judicial nos gusta o no nos gusta según nuestras preferencias personales o ideológico-políticas. pero no porque este debidamente fundada en derecho, Los jueces no pueden hacer las leyes, ni ignorar las existentes o manipularlas hasta el extremo de dejarlas irreconocibles, solo porque así se apuntalan posiciones ideológicas o partidistas, y los ciudadanos no pueden jalear esta conductas. Mientras esto no cambie o se atempere, solucionar el problema de politización de la justicia será imposible.

Hechas las anteriores consideraciones, Wagner dedica la última parte en su artículo a la propuesta de un sistema de sorteo para la elección de los 12 vocales del CGPJ de extracción judicial. A mi me parece buena idea, pero debo advertir que la misma igualmente choca con la realidad arriba mencionada de existencia de las asociaciones judiciales, que perderían gran parte de su inmenso poder mediante este sistema. Por otro lado, el sistema de sorteo no seria aceptado por el PSOE, aun hoy el segundo partido político de España, y por los partidos nacionalistas, que nunca han permitido que se cuestione las bases de modelo impuesto con la LOPJ de 1985 (y finalmente asumido también por el PP en 2003), donde la última palabra en la designación de estos vocales la tiene el Parlamento. El principal efecto de este sistema es la sobrerrepresentación en el CGPJ de la principal asociación de jueces "progresistas", y el que existan al menos 2 vocales representantes del nacionalismo vasco y catalán. Cualquier sistema que cuestione esto va a ser muy difícil de implementar, a menos que se haga por la presión de las formaciones políticas nuevas, y solo si la ciudadanía de verdad cree en despolitizar la justicia, pero principalmente, en que quien en ultima instancia hay que despolitizar es a los jueces.

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