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Salarios, inflación y competitividad. En defensa de la libertad de empresa.

     Esta semana tuvo lugar el Acuerdo entre la patronal y los sindicatos, teóricos representantes de los empresarios y trabajadores en el llamado “dialogo social”. Este Acuerdo constituye un paso más en la imprescindible reforma de nuestro mercado laboral (uno de los más rígidos y obsoletos del mundo desarrollado) iniciada hace ya la friolera de 9 meses con el polémico Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio (algunas reflexiones sobre el mismo aquí) y destinada a detener la destrucción masiva de empleo a consecuencia de la crisis económica. Los dos elementos del acuerdo más destacados en Prensa han sido la asunción por parte de la patronal de la gestión de las mutuas de accidentes laborales (y el control de las altas y bajas), vieja reivindicación que buscaría racionalizar su funcionamiento y mejorar la integración de estás entidades privadas en el conjunto del sistema sanitario público y de la seguridad social españolas. A cambio, se sugieren una cesión a los sindicatos en un tema para mi capital: la ligación de los salarios a la productividad y no, como hasta ahora, a la inflación. Sobre esta segunda cuestión trata esta anotación.

1. Inflación y crisis económica.

     La inflación es el alza de los precios, sobre todo de productos de primera necesidad y consumo masivo (materias primas). También es conocida como el impuesto de los pobres pues “grava” especialmente a las clases trabajadoras. Su gravedad es mayor en países que sufren de inflación endémica, es decir, aquellos que se acostumbran a convivir con ella como un elemento mas de la economía y no hacen por contenerla, es más, su política suele ser el aumentar por ley los salarios de acuerdo a la inflación, a veces incluso por encima de ella, para paliar la perdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Ello contribuye a una espiral inflacionista,  un circulo vicioso de inflación-aumento salarial-más consumo-más inflación-nuevo aumento salarial….]. Mientras la inflación es moderada no hay problemas, pero si esta se desboca (gran inflación e hiperinflación: que dificulta o impide el calculo económico al perder el dinero su valor) o coincide con una época de recesión (estaflación=estancamiento económico + alta inflación) surgen los problemas.

     El origen de la inflación esta en un desajuste entre el crecimiento de la economía y el dinero circulante que algunos economistas han situado, en mi opinión correctamente, en la política monetaria expansiva de los Bancos Centrales, quienes al emitir dinero barato (a un tipo de interés o precio muy bajo), estimularon artificialmente el consumo particular y las inversiones improductivas (fíjense sino en el stock de 8 millones de viviendas sin vender en España y aún a un precio escandaloso alto). Esto a su vez se ha traducido en un traslado del depósito de valor del dinero en papel a las materias primas y fuentes de energía (alimentos, hidrocarburos, metales preciosos) los cuales son también masivamente consumidos, lo que se traduce en más inflación.

     Dos soluciones pueden y deben aplicarse para resolver la situación: uno es el aumento de los tipos de interés, que retrae el consumo pero también, temporalmente, el crecimiento económico, permitiendo liquidar las malas inversiones; y otro es el control de los salarios. En cambio, bajar los tipos o aumentar todos los salarios a la inflación estimula el seguir consumiendo e invirtiendo en sectores deficitarios, retrasando la solución del problema de fondo: la necesaria restructuración de la economía productiva.


2. Salarios y competitividad. La receta alemana.

     La crisis económica ha producido, no obstante, la caída de la demanda en los sectores de industria y servicios, quienes han visto también encarecer las materias primas y por tanto sus costes empresariales. Las dificultades para revisar los salarios de los trabajadores a la baja, modificar horarios y condiciones laborales, hace difícil el ajuste y la solución pasa por despedir trabajadores, pero siendo el coste del despido en España alto (lo que se intento paliar sin mucho éxito con la reforma laboral de junio de 2010) las empresas se verán  antes o después abocadas al cierre.  

    En reciente visita a España acompañando a la Canciller Angela Merkel, los sindicatos alemanes explicaron, para sorpresa de muchos, como parte clave de la rapida recuperación económica alemana estaba en su estructura de salarios, los cuales se ajustan en función de la productividad de la economía, es decir, del crecimiento y decrecimiento de la misma. Si esta crece los salarios crecen, si esta se reduce los salarios bajan. Un sistema sencillo e intuitivo. Los sindicatos españoles rápidamente aseguraron que esto no pasaría en España y parece ser que lo han conseguido. Por otro lado, la Constitución alemana obliga a sus poderes públicos a luchar contra la inflación, controlando con su política monetaria el alza de precios, objetivo que habría exportado a las instituciones comunitarias, en concreto al Banco Central Europeo. La experiencia histórica nos ha demostrado que las naciones que se han dedicado a contener la inflación se han recuperado mejor de situaciones de crisis, y si bien han visto sus economías estancarse brevemente, los terribles efectos sobre los  ciudadanos se ha contenido. Esto Alemania lo aprendió muy bien de la crisis económica de la Republica de Weimar y sus consecuencias,  por eso, su entramado constitucional posterior a la Segunda Guerra Mundial incorporo los mecanismos para que una situación similar no volviera a producirse, y eso hizo ante su siguiente mayor reto, la reunificación alemana de los años 90. El ejemplo opuesto fue el de los EEUU de la Gran Depresión cuando todas las iniciativas públicas para reactivar la economía no lo consiguieron y encima se disparo la inflación. La política ante esta crisis actual en los EEUU ha sido optar por el crecimiento económico (objetivo fundacional de su banco central, la Reserva Federal). En Europa, ahora que la inflación empieza a ser un problema, el Banco Central Europeo baraja subir los tipos de interés conteniendo la inflación.

  
3. Lo que hacemos en España y lo qué dice la Constitución al respecto.

      En medio de este complejo problema económico, el Gobierno español se apunta a la demagogia sindical (contener el aumento del paro, ayudar a que los empresarios reestructuren sus empresas si necesidad de despedir más empleados, y contener la inflación son efectos que no parecen importarles) y la bajada de pantalones de la patronal (si no bajan los salarios seguirán despidiendo y tan panchos), admitiendo no ligar salarios con productividad. Cierto que los salarios en España son en muchos casos ya muy bajos, pero el sacrificio será menor a medio-largo plazo acortándose el tiempo de recuperación de la economía española que se vería compensado por un aumento de los salarios (y de la contratación) paralelo al crecimiento económico, así como por la reducción de precios que experimentarían los productos de primera necesidad.

      Por desgracia parece que nuestros gobernantes y líderes sociales no se leen la Carta Magna aunque todos los 26-28 de diciembre de cada año sean los primeros en colgarse la medalla de su compromiso con ella. La Constitución Española (1978), que fue elaborada en un momento de crisis económica como lo era la España de la segunda mitad de los años 70 del pasado siglo, dice en su artículo 38 lo siguiente:

“Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.”

     Los poderes públicos tienen por mandato constitucional la obligación de “defensa de la productividad”. Este mandato, más que un derecho fundamental, parece ser lo que se  denomina una garantía institucional o garantía de instituto (no así la propia “libertad de empresa que si es un derecho por mucho que el Tribunal Constitucional haya venido en su jurisprudencia entendiendo lo contrario), y por tanto estaría en la Ley garantizar dicha productividad. En principio, puede ser difícil argumentar sin Ley en la mano “la defensa de la productividad” ante los tribunales, por ejemplo, para tumbar disposiciones salariales de un convenio colectivo, pero sin ningún género de dudas este mandato vincula a Gobierno y Parlamento para actuar en consecuencia. Así, desde mi punto de vista, la Constitución Española es favorable a la productividad (STC 37/1981 y 29/1986) por encima del mantenimiento de una estructura de salarios pactada por patronal y sindicatos basada en su ajuste a la inflación, contribuyendo a su conversión en mal endémico del país. Por no mencionar que contener al inflación es a su vez una garantía del “derecho de propiedad” por la perdida de poder adquisitivo y el perjuicio sobre el ahorro de una deriva inflacionista. Ante la situación de crisis económica, destrucción de empleo y estancamiento económico y dado que no tenemos control sobre la política monetaria (algunos dirán que por fortuna dado nuestro historial de devaluaciones), el Gobierno estaría autorizado a, incluso por Real Decreto-Ley, anular y modificar este aspecto del Acuerdo y ligar salarios y productividad, luchando contra la inflación y ayudando a reactivar al actividad económica. 

    Para finalizar, conviene recordar lo dicho por la STC 68/2007 que resolvió el recurso contra la reforma laboral del Partido Popular de 2002. El “dialogo social” se trata de un elemento esencial de nuestro Estado Social (articulo 1.1 de la CE), pero este “no sería óbice para que el Legislador evadiera su obligación de legislar”. Yo añado: y de cumplir los mandatos constitucionales que lo vinculan. El “dialogo social” tiene pues sus límites y este es uno de ellos. Anular este aspecto del Acuerdo es una decisión de calado que debería contar con el apoyo de la mayoría parlamentaria. En cuanto a las presumibles protestas, dado el histórico fracaso de la última Huelga General y la cada vez menor representatividad de los sindicatos y patronal, no se entendería que si estos no asumen su responsabilidad institucional, los representantes de la soberanía nacional, Gobierno y Parlamento, no actuasen para defender la productividad. De lo contrario lo acabaremos pagando todos.

Comentarios

Hele ha dicho que…
a mi el cambio me parece genial...si encuentras una fórmula de medir la productividad del trabajo que sea buena.

y me temo que no es tan fácil
Alberto ha dicho que…
Hele ;) planteas un problema interesante ¿como se calcula la productividad de una empresa? Esto se sale bastante del ámbito de lo jurídico para entrar en el de la pura economía de empresa, que evidentemente no es mi campo, pero voy a tratar de exponer una tesis con lo poco que sé.

La productividad (la producción, en definitiva) parece ser más una cuestión técnica que otra cosa. No es un factor que pueda definirse matemática o contablemente, por eso los empresarios modernos (y muchos economistas que los asesoran) han abandonado toda preocupación por la “productividad” real de sus empresas, que se deja en manos de los técnicos e ingenieros, y en cambio se interesan por otras cuestiones menos engorrosas, como la representación social de la empresa, la captación de capital (que cada vez más significa consecución de contratos, subvenciones y fondos públicos) o el ahorro de costes en bruto. Eliminar del calculo empresarial la productividad a favor de un calculo exclusivamente basado en los costes financieros o el resultado contable se ha demostrado un error (parte de la crisis económica actual proviene de esa concepción), ya que dependiendo de donde recortes o inviertas la "productividad/producción" de la empresa se ve afectada de muy distinta manera.

Reconduciéndolo a lo jurídico, como los técnicos son al fin y al cabo trabajadores de la empresa, tiendo a creer que a través del proceso de negociación colectiva por empresas y la vinculación de los salarios y condiciones laborales (un factor de producción) a la "productividad" (como demandaría la propia Constitución) se conseguiría una mejora del funcionamiento interno de las empresas y las ayudaría a resistir mejor los periodos de crisis. Una solución similar es la que están aplicando en otros países, como Alemania. Claro que España no tiene el sector industrial de aquel, pero igualmente es muy posible que la decadencia del sector patrio se explique en que vive anclado en un modelo de negociación colectiva, centralizada/sectorial que genera la rigidez de la estructura laboral y salarial, alejando a las empresas de su objetivo natural, la productividad.

Encontré un artículo muy interesante en la red que trata y amplia desde el punto de vista económico este tema:

http://www.gestiopolis.com/economia/productividad-y-la-medicion-de-la-productividad.htm

donde dice lo siguiente,

"La productividad de una empresa se mide a través de una serie de indicadores relacionados y se evalúa mediante su comparación con la de otras empresas, aquellas que producen los mismos bienes o servicios y que se consideran como empresas líderes por su organización y tecnología en relación con el promedio del sector productivo al cual pertenece la empresa. Otra evaluación es la evolución histórica de los indicadores, su tendencia, y conocer así el grado en que la empresa mejora su productividad a través del tiempo (SENA, 2003).
Cabe señalar que, en términos generales, existen dos formas de medición de la productividad: por un lado están las mediciones parciales que relacionan la producción con un insumo (trabajo, o capital); y por el otro, están las mediciones multifactoriales que relacionan la producción con un índice ponderado de los diferentes insumos utilizados (Martínez, 1998)."


En definitiva, se trata de un valor siempre relativo, de ahí que sea necesario flexibilizar las relaciones laborales para permitir su ajuste a la “productividad”.

:)
Hele ha dicho que…
vamos, que, en definitiva, la productividad sólo se puede medir en escasísimas ocasiones (en las que, por lo general se trabaja por objetivos y con comisiones, por lo que sueldo y productividad ya se han vinculado).

entonces la propuesta consiste en decir que vamos a vincular los salarios a algo que no se puede medir (por cierto, he oido por ahi muchas equiparaciones entre productividad y beneficio empresarial...) y aqui cada uno que haga lo que quiera.

No sé hay algo que no me convence.

El sistema de negociación colectiva es lo peorcito, pero creeme, no es lo único que erosiona la competitividad de la empresa española, así, a bote pronto, se me ocurre la total incompetencia de muchos empresarios...las pérdidas de productividad causadas por su impericia también han de redundar en un recorte de salarios?
Alberto Neira ha dicho que…
Es cierto que ya hay en contratos y convenios cláusulas relacionadas con la productividad, con lo que estoy de acuerdo. Pero mi pretensión con estas anotaciones era más limitada, únicamente responder al asunto de la vinculación de salarios e inflación y su choque, entiendo yo, con la cláusula constitucional sobre la "defensa de la productividad". Esta cláusula significa que los poderes públicos deben expulsar del ordenamiento jurídico normas y prácticas contrarias a la misma (defensa de), como, por ejemplo, la de ligar en los convenios salarios e inflación.

En cambio, no concibo (y eso es lo que no he terminado de explicar bien) una regulación positiva (legal) de la “productividad” (por lo menso no una que sea exhaustiva). Precisamente porque es algo flexible (pero no arbitrario o inapreciable) no puede ser fijada para todos los casos, más si se conecta con la “libertad de empresa”. Por ello me decanto por soluciones empresa a empresa. Será en los contratos de trabajos individuales y convenios colectivos que firmen directamente con sus trabajadores (no convenios centralizados) donde se establezca los instrumentos para el cálculo de la productividad (con el apoyo de los descubrimientos de la ciencia económica) y que pueden ser distintos para cada empresa. Me interesa, pues, más fijar este marco de actuación general igual para todos los operadores que concretar el resultado final, que puede variar de unos y otros.

Coincido contigo en que existen muchas otras causas de la ineficiencia de la actividad empresarial en España, pero en su mayoría, opino, derivan del intervencionismo estatal que obliga al empresario a concentrarse en temas burocráticos/fiscales frente a los de gestión propiamente dicha, lo que acaba repercutiendo en al calidad de la clase empresarial. De ello tiene bastante culpa una errónea doctrina constitucional sobre la “libertad de empresa”.

En cuanto a que pasa si la gestión empeora, pues que es probable que todos pierdan, el empresario su empresa y los trabajadores su empleo…que es lo que ocurre hoy en España. Con otro sistema estoy seguro que mejoraría la cosa para todos.
Alberto ha dicho que…
Esta muy interesante este debate, me esta dando mucho en que pensar. :)

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