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| Fuente: EL COMERCIO |
Poniéndonos en
situación, la moneda oficial del Perú es el Sol (denominada Nuevo Sol hasta
hace poco), pero otras monedas circulan con normalidad y son manejadas
por los muchos peruanos en su día a día, en particular, el Dólar (algunos sueldos,
hipotecas o transacciones comerciales se establecen esta moneda) y el Euro (cada
vez más usado por la inmigración de ida y vuelta y los cada vez mayores negocios con Europa impulsados por el TLC firmado en 2013).
El tipo de cambio entre estas tres monedas es libre y fluctúa constantemente, a
veces a lo largo del mismo día, aunque hay cierta estabilidad gracias a la
política monetaria anti-inflacionaria manejada con total independencia por el
Banco Central de la Reversa (si bien el Dolar ha sufrido una revalorización en el ultimo año, hasta casi equipararse con el Euro). El resultado es que abundan las "casas de cambio", las cuales compiten en ofrecer un mejor cambio, pero también centenares de cambistas
ambulantes que operan en las calles y que ofrecen muchas veces un mejor
cambio. Por último, están los bancos que son los menos competitivos (la economía peruana esta muy
poco bancarizada y estos cobran muchas y elevadas comisiones). En consecuencia, los cambistas ambulantes son muy demandados allá donde operan, sobre todo por las clases
populares.
El cambista ambulante es por lo general
informal (no opera con licencia ni registro público alguno) aunque es fácil
identificarlos pues visten llamativos chalecos de colores fluorescentes. Se concentran en calles concretas dentro de cada distrito, a menudo alrededor de los bancos y casas de cambio con las
que compiten. Su fiabilidad como operadores cambiarios depende exclusivamente de la subjetividad de sus
clientes habituales, y si bien, a priori, el riesgo de fraude o abuso es alto, como
colectivo no parecen ser cuestionados por la sociedad. Es un buen ejemplo de lo que F. A. Hayek denominaba “orden espontáneo”. Si tuviera que buscar alguna actividad similar en España lo
más parecido serían aquellos carteles humanos que anunciaban “COMPRO ORO” en las inmediaciones de la Puerta del Sol de Madrid y que fueron
prohibidos por el ex-Alcalde Alberto Ruiz Gallardón sin que a día de hoy nadie
sepa muy bien el porqué.
Sin embargo la aceptación social no se corresponde con la tolerancia de competidores o de las autoridades publicas, y recientemente, su actividad ha sido cuestionada por algunas municipalidades distritales por razones de orden público, pero no tanto por los riesgos de fraude o abuso debido a la informalidad como por la atracción de la delincuencia que tiene el intercambio masivo de dinero en la vía pública. El punto álgido de esta problemática se dio hace unos meses cuando una cambista fue asesinada de un disparo en el
distrito de San Isidro por un delicuente que quiso robarla. San Isidro es el barrio de los negocios de Lima, y con la mayor presencia de
extranjeros -muchas embajadas se sitúan aquí- lo que hizo el incidente más mediático. La reacción la Municipalidad de ese distrito fue elaborar un plan para
fomentar la “formalización” de estos trabajadores, pero cuya principal medida era la de prohibir que trabajasen en la calle, y ello para forzarles a asociase y operar en locales comerciales (como las casas de cambio). Esto no gustó a los cambistas ambulantes, que han presentado recursos
judiciales y se han manifestado contra la medida, hasta el punto de que el
Alcalde de la Municipalidad fue hace unos días increpado y zarandeado en plena
calle por un grupo de estos. Curiosamente, el actual Ministro del Interior ha
manifestado no estar de acuerdo con la prohibición de esta actividad en la calle.
Lo anterior contrasta con reacción de otro distrito de la Capital, el de Santiago de Surco, donde las autoridades han pactado una serie de medidas con los cambistas.
Así, la Municipalidad los ha provisto de chalecos antibalas y códigos QR visibles en sus chalecos lo que facilita su identificación, pasando estos a estar registrados y formalizados (demanda de aquellos para evitar los cambistas "piratas" que no garantizan un servicio). Por su parte, los cambistas han aportado 16 cámaras de seguridad a la Municipalidad para que se instalen en las principales
calles en que trabajan y que serán monitoreadas por la policía local.
Esta por ver en como evoluciona la situación en ambos distritos, pero lo comentado en esta anotación puede servir de reflexión ¿Cuál de las
dos intervenciones públicas es más correcta? ¿Hasta dónde puede intervenir el Estado
sobre una actividad económica surgida espontáneamente? ¿Debe prohibirse una
actividad por problemas de orden público, o de otro tipo, que pueda generar o las autoridades deberían limitarse a abordar dichos problemas
salvaguardando la actividad? Soy más partidario de la segunda forma de intervención, la menos intrusiva, pues considero que aborda el problema en su correcta dimensión, genera menor conflictividad, y salvaguarda una actividad económica que es legítima y socialmente útil ¿Y usted que opina?
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